La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) incautó 31 equipos de sonido en dos establecimientos comerciales del Distrito Nacional, tras operativos ejecutados mediante órdenes judiciales de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional durante agosto y septiembre de 2026. Las autoridades sostienen que los aparatos eran utilizados para generar niveles de ruido por encima de los límites permitidos por la legislación dominicana. Las acciones estuvieron encabezadas por el procurador de corte Francisco Contreras Núñez, titular de la Proedemaren.

Los allanamientos se realizaron en The Bulldog Pub y The Green Room, ambos negocios ubicados en la calle Andrés Julio Aybar. En el primero fueron ocupados dos subwoofers, dos bocinas, dos cajones con altavoces, cinco receptores de micrófonos inalámbricos, una consola Midas M32, una medusa DL32 y una bocina de 12 pulgadas. En The Green Room, las autoridades retiraron 11 bocinas de 10 pulgadas, tres de 12 pulgadas y dos cajas de bajo de 18 pulgadas. La totalidad de los equipos quedó bajo secuestro judicial dentro del proceso abierto por el Ministerio Público.

Según la Proedemaren, los operativos responden a presuntas violaciones de la Ley 287-04 sobre prevención y control de ruidos modificada por la Ley 90-19 y de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que regulan los niveles sonoros permitidos en establecimientos comerciales. Contreras Núñez afirmó que las actuaciones "buscan prevenir y perseguir conductas que afecten el medio ambiente", en referencia al impacto de la contaminación sónica sobre la tranquilidad y la calidad de vida de los residentes cercanos a este tipo de negocios.

El funcionario adelantó, además, que el Ministerio Público dará seguimiento a las denuncias de ciudadanos afectados por emisiones de ruido que puedan constituir infracciones ambientales, y la Proedemaren confirmó que continuará realizando operativos similares dentro del marco legal vigente y de las decisiones judiciales correspondientes. Los dos establecimientos afectados no se han pronunciado públicamente sobre las incautaciones.