La Policía Nacional aseguró que no existe ningún lineamiento, ni de la institución ni del Gobierno, que ordene la práctica conocida como poner "en 29" a personas, expresión usada para referirse a la muerte de jóvenes en presuntos intercambios de disparos con agentes. Así lo afirmó su vocero, el coronel Diego Pesqueira, al ser consultado sobre la posición del cuerpo ante las críticas de distintas organizaciones, según informó Diario Libre.

"No hay un lineamiento en ese sentido", insistió el oficial, quien aseguró que los agentes salen a las calles con el deber de proteger y servir a la ciudadanía y que esa es su principal meta.

Para respaldar su postura, Pesqueira informó que desde septiembre más de 120 personas buscadas mediante órdenes de arresto han optado por entregarse, muchas de ellas a través de la propia vocería policial. Todas, según dijo, fueron puestas a disposición de la justicia. Algunas ya cumplen medidas de coerción y otras esperan que se les conozcan.

El vocero distinguió ese grupo de quienes se niegan a obedecer y recurren a las armas para evitar su captura. En esos casos, explicó, los agentes aplican "uso proporcional de la fuerza", y cualquier hecho que genere dudas queda bajo el conocimiento del Ministerio Público.

La declaración se produce en medio de un debate público sobre la letalidad de las intervenciones policiales. La expresión "poner en 29" estuvo en el centro de una columna de opinión que Diario Libre publicó el 24 de septiembre, firmada por Clotilde Parra, que cuestionaba la política de seguridad y sostenía que la Policía había causado la muerte de 170 reales o presuntos delincuentes en lo que va del año. Es una cifra de la columnista, que la nota de la Policía no confirma ni desmiente. Parra también recordó que hace unos tres años Diario Libre publicó la investigación "Patrulla Letal", sobre muertes de ciudadanos a manos de agentes.

Las críticas no son nuevas. Organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, han reclamado en ocasiones anteriores que cada caso de alegado intercambio de disparos sea investigado por fiscales y que los resultados se hagan públicos en un plazo razonable. En esos reclamos han señalado además que, durante años, estas investigaciones estuvieron en manos de la propia Policía.

Queda pendiente que la institución detalle cuántos de esos casos han sido remitidos al Ministerio Público este año y en qué estado se encuentran las investigaciones, información que permitiría contrastar la versión oficial con las cifras citadas por los críticos.