El Estado dominicano enfrenta una nueva y definitiva obligación económica que asciende a RD$340,736,293.72 (aproximadamente 5.7 millones de dólares) tras un fallo emitido por el Tribunal Constitucional. La resolución de la alta corte pone fin de manera irrevocable a un prolongado litigio legal por la expropiación de una franja de más de 15,000 metros cuadrados de terreno, espacio geográfico donde actualmente opera el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional. Con esta decisión, el órgano judicial desestimó los recursos interpuestos por la Dirección General de Bienes Nacionales y cerró formalmente la vía para cualquier reclamación futura.

El conflicto jurídico se remonta a diciembre de 1964, período en el cual el gobierno del Triunvirato promulgó el Decreto 1886. Dicha ordenanza declaró de utilidad pública una parcela propiedad de la ciudadana Nelly Elidia Pellerano de Ricart, con el objetivo de edificar el entonces denominado Parque Central Metropolitano en los terrenos del antiguo aeropuerto General Andrews. Casi tres décadas más tarde, específicamente en el año 1993, las autoridades estatales y la propietaria original suscribieron un contrato de permuta. Aunque una fracción del compromiso financiero fue cubierta mediante la entrega de un apartamento, el pacto reconoció la existencia de un saldo pendiente supeditado a la disponibilidad de los presupuestos públicos, un monto que jamás llegó a liquidarse de forma efectiva.

Ante el persistente incumplimiento del pago, los herederos de la propietaria iniciaron un proceso judicial en el año 2021 orientando a fijar el valor justo del inmueble ocupado. Durante el proceso, el debate central se enfocó en las profundas diferencias entre las evaluaciones técnicas presentadas: un peritaje privado aportado por los demandantes valoró los terrenos en RD672millones, mientras que el avaluo oficial instrumentado por la Direccion General del Catastro Nacional estimoˊ el costo en apenas RD9.2 millones.

Finalmente, en noviembre de 2022, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo determinó el monto definitivo de la indemnización tras ponderar las pruebas de ambas partes y deducir el valor del inmueble otorgado en los años noventa.

La Dirección General de Bienes Nacionales intentó invalidar la condena argumentando vicios de sustento técnico y la supuesta omisión de evidencias institucionales de importancia. Además, la entidad gubernamental cuestionó que la Suprema Corte de Justicia hubiese rechazado previamente un recurso de casación debido a que fue introducido fuera de los plazos que dicta la normativa legal vigente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó de plano las argumentaciones oficiales, enfatizando que las revisiones de su competencia no facultan al órgano para reevaluar el fondo de las valoraciones técnicas ya juzgadas por los tribunales ordinarios.

Este desenlace judicial se suma a otros precedentes costosos para el erario dominicano vinculados a la edificación de sus infraestructuras deportivas emblemáticas. Un ejemplo de esta tendencia se registró en el año 2023, fecha en la que el Tribunal Superior Administrativo ordenó al Estado el desembolso de RD$472.8 millones en beneficio del empresario José Ramón Borrell Ponce, debido a la ocupación forzosa de terrenos integrados en el perímetro del Estadio Olímpico Félix Sánchez. Al quedar agotadas todas las fases de apelación en el caso del Centro Olímpico, las autoridades correspondientes quedan a la espera de coordinar la inclusión y la posterior erogación de los fondos asignados dentro del presupuesto nacional de la República Dominicana.