La Cámara de Diputados de la República Dominicana avanza en la reconfiguración del nuevo Código Penal tras abrir formalmente un proceso para recibir modificaciones que, en apenas 24 horas, ya acumula iniciativas para alterar al menos diez temas neurálgicos de la normativa. Los proyectos depositados en el Congreso Nacional plantean desde retrasar la entrada en vigor de la ley originalmente pautada para inicios de agosto hasta redefinir el alcance de la responsabilidad penal de los médicos y el blindaje legal de los medios de comunicación frente a los delitos de difamación e injuria. El legislador Wandy Batista, quien asumirá la conducción de estos trabajos de revisión, precisó que la dinámica legislativa se acelerará significativamente con la conformación de una comisión bicameral encargada de evaluar tanto las propuestas de los congresistas como los reparos e inquietudes provenientes de sectores externos.

La propuesta con mayor peso político dentro del paquete legislativo lleva la firma de los voceros de los principales partidos con representación en las cámaras y de varios miembros del bufete directivo. Este documento busca dar respuesta a las intensas críticas de las organizaciones periodísticas y de la sociedad civil organizada mediante una profunda redefinición del delito de ultraje. La enmienda estipula excluir de manera taxativa las críticas, la sátira, las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de la libertad de prensa de cualquier tipo de persecución penal, siempre que no involucren actos de violencia, amenazas o términos gravemente injuriosos. Asimismo, la propuesta debilita la figura del delito por difusión de audios, imágenes o videos sin el consentimiento de los afectados, restringiendo su punibilidad estrictamente al ámbito privado y suprimiendo el uso de las redes sociales o plataformas digitales masivas como un factor agravante.

En lo que respecta a la estructura corporativa de la comunicación, este proyecto multipartidista desmonta la posibilidad de que los medios de difusión sean clausurados o suspendidos administrativamente a raíz de infracciones por difamación o injuria. De aprobarse, la norma establecería que la responsabilidad penal recaerá únicamente sobre el autor material de las expresiones cuestionadas, eximiendo de consecuencias jurídicas directas a los directores, editores, propietarios y a las empresas periodísticas como corporaciones. De igual modo, las iniciativas en curso plantean ajustes al ordenamiento sanitario a través de un proyecto sometido por el diputado Rogelio Genao, el cual estipula que los profesionales de la salud solo responderán penalmente por la muerte o las lesiones de un paciente cuando se demuestre de forma fehaciente que el desenlace fue el resultado directo de una falta grave en sus funciones.

Esta propuesta médica excluye explícitamente de la responsabilidad penal penalidades asociadas a los riesgos intrínsecos de cualquier procedimiento, la evolución natural de los cuadros clínicos, la escasez de recursos e infraestructura en los centros de salud o los tratamientos de emergencia ejecutados bajo criterios de diligencia profesional. Para robustecer el análisis y la socialización de todas estas reformas, una pieza legislativa del diputado Charlie Mariotti sugiere formalmente posponer la vigencia del Código Penal completo hasta el mes de noviembre del año en curso. La Cámara de Diputados mantendrá abierta la ventanilla de recepción de propuestas ciudadanas e institucionales hasta el próximo 15 de julio, fecha tras la cual la comisión bicameral procederá a consolidar el informe final que determinará los cambios definitivos al texto punitivo nacional.