La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que 84,003 contribuyentes están autorizados como emisores de factura electrónica en República Dominicana al 10 de septiembre de 2026, un salto frente a los 23,686 registrados en enero de ese mismo año. El dato fue ofrecido por el director general de la institución, Pedro Urrutia Sangiovanni, durante un encuentro organizado por la Unión Nacional de Empresarios (UNE), según reportaron varios medios locales.

Del total de emisores autorizados, 30,147 contribuyentes utilizan sistemas de desarrollo privado, mientras que 53,856 alrededor del 64 % operan mediante el Facturador Gratuito desarrollado internamente por la DGII, una herramienta pensada para que el costo de la tecnología no se convierta en una barrera para las micro, pequeñas y medianas empresas. Urrutia añadió que la institución ha procesado satisfactoriamente más de 2,077 millones de comprobantes fiscales electrónicos y que, durante los primeros seis meses de 2026, el 72 % del total de comprobantes fiscales recibidos correspondió a facturas generadas de forma electrónica, cifra que la DGII presentó como evidencia del avance de la transformación digital tributaria.

Pese al crecimiento, la cantidad de contribuyentes ya incorporados representa menos de la mitad del universo obligado a adoptar el sistema, que la propia DGII estima en más de 200,000. Urrutia fue enfático en que no habrá una nueva extensión de plazos: "No podemos estar de prórroga en prórroga", advirtió el funcionario, quien señaló que, a partir del 15 de noviembre fecha en que vence la prórroga vigente para los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micros y No Clasificados, según el Aviso 06-26, quienes no hayan completado el proceso "tendrá consecuencias". Para los contribuyentes clasificados como Grandes Locales y Medianos, el plazo es incluso más próximo: a partir del 1 de noviembre estarán obligados a emitir exclusivamente comprobantes fiscales electrónicos tipo "E", mientras que las secuencias de comprobantes no electrónicos tipo "B" que aún tengan asignadas dejarán de ser válidas después del 31 de octubre, salvo en situaciones de contingencia declarada bajo las condiciones del Reglamento 587-24.

El ecosistema de apoyo a la transición ya cuenta con alrededor de 190 proveedores de servicios autorizados que ofrecen soluciones tecnológicas a los contribuyentes que aún deben incorporarse. La obligatoriedad se enmarca en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y su reglamento de aplicación.

Para las empresas alcanzadas por la disposición, el cambio implica más que sustituir el papel por un archivo digital: el comprobante fiscal pasa a generarse y remitirse a la DGII bajo un esquema estandarizado que aumenta la trazabilidad de las operaciones comerciales, lo que a su vez obliga a las compañías a adecuar sus sistemas de facturación y sus procesos administrativos antes de que se cumplan los plazos de octubre y noviembre. Con esas fechas ya en el calendario, la DGII espera que la mayoría de los contribuyentes pendientes complete la transición en las próximas semanas.