Alrededor de 60,000 personas ingresaron desde Marruecos por mar y por tierra al enclave español de Ceuta en apenas 24 horas, una cifra equivalente a cerca del 70 % de la población regular de la ciudad autónoma, de unos 84,000 habitantes. El gobierno de España calificó la oleada de "ataque a la integridad territorial" y la crisis derivó en un choque diplomático dentro de la Unión Europea. Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al territorio español, según fuentes policiales citadas por la agencia AFP.

La mayoría de quienes cruzaron fueron hombres jóvenes y adolescentes que llegaron a nado o saltando las vallas fronterizas. Según cifras del Ministerio del Interior español, la llegada masiva comenzó la madrugada del jueves, y para el viernes cerca de 37,500 personas ya habían regresado a Marruecos.

El presidente del gobierno autonómico de Ceuta, Juan Jesús Vivas, describió la situación como "absolutamente insostenible" y criticó una respuesta que consideró tardía por parte de Madrid. El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, viajó al enclave el viernes y atribuyó la crisis a una "lectura interesada" por parte de redes de tráfico de personas de un reciente fallo del Tribunal Supremo español. Esa resolución, emitida el 8 de julio, estableció que las llamadas "devoluciones en caliente" el retorno inmediato de un migrante sin procedimiento administrativo de expulsión solo pueden aplicarse a quienes saltan la valla fronteriza, no a quienes llegan por mar.

La crisis provocó una respuesta contundente de varios gobiernos europeos. Italia anunció el cierre de sus fronteras aéreas y marítimas con España y la suspensión temporal de su participación en el espacio Schengen respecto a ese país, pese a no compartir frontera terrestre con España. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había planteado horas antes la posibilidad de recurrir a "medidas excepcionales" para proteger sus fronteras, una postura respaldada por Finlandia y Dinamarca, aunque juristas consultados por AFP sostienen que la medida no tiene sustento en el marco legal vigente del bloque europeo. Francia, por su parte, ofreció apoyo a España a través de su presidente, Emmanuel Macron, mientras su ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció un refuerzo de los controles en la frontera franco-española.

En Washington, el presidente estadounidense Donald Trump calificó las imágenes de la crisis como "terribles" y las utilizó como advertencia política de cara a las elecciones legislativas de noviembre en su país.

En las calles de Ceuta, comercios permanecieron cerrados y la confederación empresarial local recomendó mantenerlos así "hasta que se garantice la seguridad". El viernes, centenares de ceutíes se manifestaron frente al ayuntamiento en rechazo a la situación, en un ambiente de tensión que incluyó protestas dirigidas contra Sánchez a su llegada al territorio.

El episodio guarda paralelismos con la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10,000 personas cruzaron la frontera en dos días tras una flexibilización temporal de los controles marroquíes, en medio de una disputa diplomática con España. Hasta el momento, las autoridades de Marruecos no han emitido una declaración oficial sobre lo ocurrido, mientras la crisis se produce apenas días después de que Sánchez visitara Argelia el 20 de julio, la primera visita de un jefe de gobierno español a ese país en cuatro años.