El gasto público real en la República Dominicana ha registrado una expansión agresiva que triplica el ritmo de crecimiento de la propia economía desde 1991, de acuerdo con un informe financiero publicado este jueves por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). El estudio revela que mientras el Producto Interno Bruto (PIB) real se multiplicó por 5.3 veces en las últimas tres décadas y media, los egresos del Gobierno central se dispararon por 15.8 veces en el mismo período, evidenciando un profundo desbalance estructural entre la producción nacional y el tamaño del aparato estatal que la sostiene.

Este crecimiento asimétrico se tradujo durante el año 2025 en una brecha considerable entre los recursos captados por el fisco y los fondos finalmente ejecutados. El Gobierno dominicano obtuvo recaudaciones aproximadas de US20,134millones;sinembargo,laserogacionestotalesascendieronaUS24,544 millones, lo que generó un déficit fiscal superior a los US$4,400 millones al cierre del ejercicio anual. El CREES enfatiza que este panorama demuestra que "el problema no radica en una insuficiencia de ingresos", echando por tierra el argumento tradicional de que el Estado requiere de manera obligatoria elevar la carga impositiva para cumplir con sus obligaciones fundamentales.

La investigación detalla que la tendencia hacia el desequilibrio fiscal crónico no siempre formó parte del modelo económico dominicano. Durante la década de 1990, las cuentas del Gobierno central operaron bajo un esquema de relativa estabilidad que llegó a consolidar superávits financieros, los cuales eran empleados para amortizar la deuda pública. No obstante, a partir del año 2000 la recurrencia de saldos negativos se convirtió en una constante institucional. El informe subraya que cada vez que las autoridades lograron elevar la recaudación fiscal, incluso recurriendo a sucesivas reformas tributarias, el incremento en los ingresos estatales terminó siendo rápidamente devorado por un volumen de gasto todavía más alto. Como reflejo de esta dinámica, el gasto total del Estado equivale en la actualidad al 19.3 % del PIB, una cifra que contrasta drásticamente con el 7.3 % registrado en 1991.

Para el organismo de investigación económica, este comportamiento estructural ha consolidado un "círculo vicioso: más recaudación, más gasto, más déficit y más deuda". La principal implicación para la República Dominicana radica en que, a falta de un mecanismo de control estricto sobre las erogaciones estatales, la sociedad civil y los sectores productivos se ven obligados a asumir los costos financieros a través de un endeudamiento público constante, lo que a su vez contrae el espacio presupuestario para inversiones clave en infraestructura de alto valor y servicios públicos de calidad.

El análisis concluye puntualizando que la actual Ley de Responsabilidad Fiscal constituye un avance institucional propicio en la dirección correcta, pero advierte que el marco normativo requiere perfeccionarse de manera urgente. De acuerdo con la entidad, el país necesita establecer reglas fiscales mucho más estrictas y de carácter vinculante que limiten la discrecionalidad política y logren contener, de forma sostenible en el tiempo, la expansión del gasto público frente a la capacidad real de los contribuyentes.