Es irónico, pero el lugar al que los dominicanos vamos a buscar justicia es, hoy por hoy, sumamente injusto con su propia gente. La reciente paralización que hicieron los jueces y el personal administrativo no fue un simple berrinche por dinero; es el estallido de un sistema que simplemente no da para más.

El problema de fondo es fácil de entender porque es una cuestión de sentido común. Por un lado, tienes a secretarias haciendo el trabajo de tres o cuatro despachos ganando un solo sueldo, y a jueces asumiendo los expedientes de más de cien puestos que están vacíos y nadie nombra. Te exigen que resuelvas los casos rápido, que bajes la mora judicial y que no cometas errores, pero te tienen ahogado de trabajo y mal pagado.

Por otro lado, el contraste que denuncian los magistrados es lo que realmente indigna: mientras la base trabaja con las uñas, la cúpula del Consejo del Poder Judicial gasta millones en viajes, foros internacionales y viáticos. Es matemática básica. No puedes asfixiar al que hace el trabajo pesado en los tribunales todos los días mientras la administración derrocha el presupuesto en cosas que no resuelven los problemas reales.

La primera reacción de las autoridades ante las quejas fue la peor que podían elegir: ignorar que existe un acuerdo salarial firmado desde 2022 y decir que la huelga buscaba "desestabilizar". Eso es querer tapar el sol con un dedo. Decirle a un empleado que está sobrepasado de trabajo que espere a los planes de modernización proyectados para el año 2034 es una falta de respeto a su realidad actual.

Ahora se han sentado a negociar a puerta cerrada. Ojalá que esto no sea solo una estrategia para calmar las aguas y ganar tiempo, porque se necesitan números claros y fechas, no más promesas.

A fin de cuentas, el gran perdedor de todo este desorden es el ciudadano común. Un juez o un oficinista estresado, mal pagado y frustrado, inevitablemente va a cometer errores, y un proceso judicial que se retrasa le puede arruinar la vida a cualquiera. La justicia no se mantiene a flote solo con la vocación de sus empleados. Si el sistema quiere tener la autoridad de exigirle a la gente que cumpla la ley, primero tiene que empezar por ser justo en su propia casa.