El impuesto a la emisión de cheques y a los pagos por transferencias electrónicas, vigente en República Dominicana desde 2004, subió recientemente de 0.15 % a 0.20 % mediante la Ley 30-26, conocida como Ley de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. El alza revive el debate sobre un tributo que, según un análisis del economista Miguel Collado Di Franco publicado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), encarece las transacciones bancarias y contradice otras políticas públicas del propio Estado.

El gravamen fue creado por la Ley 288-04, a partir de una resolución de la Junta Monetaria del 27 de junio de 2003, que había dispuesto el cobro de una comisión sobre cada cheque pagado a través de la Cámara de Compensación del Banco Central. La ley fijó la tasa en 1.5 por mil 0.15 % sobre el valor de los cheques y las transferencias electrónicas canalizadas por las entidades de intermediación financiera.

Un año más tarde, la Ley 557-05 dispuso su desaparición gradual: la tasa debía bajar de 1.5 por mil en 2006 a 1.0 por mil en 2007, a 0.5 por mil en 2008 y llegar a cero en 2009. Sin embargo, el Artículo 27 de la Ley 495-06 revirtió esa hoja de ruta antes de que se completara y convirtió el impuesto en permanente, un vaivén legislativo que, apunta Collado Di Franco, ejemplifica la inestabilidad de las reglas tributarias del país.

El análisis del Crees sostiene que se trata de un tributo de bajo costo de recaudación para el Estado ya que las propias entidades financieras actúan como agentes retenedores pero de alto costo para la actividad productiva, porque encarece cada etapa de las cadenas de producción que involucran varios agentes económicos, desde el pago a suplidores hasta la compra final de bienes y servicios por parte de los hogares. Según ese razonamiento, el gravamen podría incluso incentivar la integración de empresas no por eficiencia, sino como estrategia para evitar el pago repetido del impuesto en cada transacción.

El documento señala además una contradicción con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, la iniciativa liderada por el Banco Central para ampliar el acceso de la población no bancarizada a productos y servicios financieros. Al encarecer el uso de cheques y transferencias, argumenta Collado Di Franco, el impuesto opera en sentido contrario a esa meta oficial de bancarización.

El debate llega en momentos en que el propio Congreso acaba de aprobar, mediante la Ley 30-26, un aumento de la tasa en lugar de su eliminación, pese a que esta última ya había sido ordenada por ley en 2005. La discusión sobre si el gravamen debe desaparecer definitivamente como recomienda el análisis del Crees o mantenerse como fuente de recaudación queda abierta para futuras discusiones tributarias.