El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica en respuesta al terremoto de magnitud 7.4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto. La medida, contemplada en un decreto publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), rige por treinta días en quince departamentos y busca, según el texto oficial, conjurar la crisis y evitar que se extiendan los efectos del desastre.

De la Espriella, quien asumió la presidencia apenas el pasado 7 de agosto, presentó al mediodía un balance que sitúa en 314 el número de personas fallecidas por el sismo, aunque el Instituto de Medicina Legal reporta haber recibido e identificado 319 cuerpos, una cifra ligeramente superior a la anunciada por el mandatario. El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a 471 municipios y dejó 262,154 personas damnificadas, agrupadas en 147,464 familias. Además, 4,437 personas resultaron heridas y 262 permanecen desaparecidas. En materia de infraestructura, el país contabiliza 30,664 viviendas destruidas, 136,946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5,809 inmuebles con daños estructurales, de acuerdo con las cifras oficiales.

La declaratoria de emergencia económica es una figura constitucional que permite al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley durante su vigencia, así como realizar operaciones presupuestales y de crédito público para financiar la respuesta a la crisis. El mecanismo, sin embargo, tiene límites: no puede extenderse por más de treinta días por declaratoria ni superar los noventa días acumulados en un año calendario. Ese margen ya se había usado parcialmente en febrero de 2026, cuando el Gobierno decretó una emergencia similar por fuertes lluvias en ocho departamentos, lo que deja disponibles alrededor de sesenta días para atender la actual catástrofe dentro del mismo año.

El anuncio se produjo con retraso: la semana pasada, De la Espriella ya había adelantado la declaratoria, pero luego indicó que su gobierno todavía preparaba el decreto, el cual finalmente se publicó este miércoles. El mandatario había señalado previamente que con la medida se creará un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados por el sismo.

De la Espriella explicó, además, que su equipo económico trabaja en un paquete de medidas de alivio temporal para las familias damnificadas, que incluirá el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros, ayudas económicas para los hogares más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios de las zonas golpeadas.

El sismo del 10 de agosto es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en Colombia en las últimas décadas. Con la emergencia ya decretada, el Gobierno deberá ahora definir el detalle de los decretos legislativos que emitirá en los próximos treinta días, mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático que exige la ley sobre cada una de esas normas.