El Estado dominicano arrastra profundas deficiencias estructurales en la gestión de sus recursos. De acuerdo con el informe de auditoría sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado emitido por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, un total de 379 proyectos de inversión pública contemplados para el ejercicio fiscal no registraron ningún tipo de ejecución, a pesar de contar con una asignación inicial de 2,935.1 millones de pesos. El órgano fiscalizador atribuyó formalmente este panorama a una "deficiente gestión en la programación y ejecución de la inversión pública y a la falta de articulación entre la planificación y el presupuesto", desnudando una desconexión crítica entre lo aprobado por el Poder Legislativo y lo ejecutado en las comunidades.

Mientras estas obras legítimamente presupuestadas que incluían sistemas de riego esenciales en Azua, Dajabón y Puerto Plata quedaron en total abandono técnico, las autoridades gubernamentales reconfiguraron el gasto de manera unilateral. Mediante modificaciones presupuestarias amparadas en normativas de contingencia, el Gobierno Central recortó más del 80% de los fondos de los proyectos inactivos para transferir 11,646 millones de pesos hacia 247 nuevas obras que jamás pasaron por el filtro de la planificación inicial, tales como el paso a desnivel de la prolongación de la avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar y proyectos viales en Cabo Rojo. Para la Cámara de Cuentas, la justificación de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) resulta insuficiente, sentenciando que "la incorporación de un número tan elevado de proyectos después de aprobado el presupuesto evidencia deficiencias en la planificación inicial".

Esta discrecionalidad fiscal coincide con un sensible deterioro de los indicadores macroeconómicos de la República Dominicana. El reporte advierte que la deuda del Sector Público no Financiero escaló del 47.37% al 48.59% del Producto Interno Bruto (PIB), una tendencia que aleja de forma alarmante al país de la meta del 40% fijada para el año 2035 en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, se constató una práctica nociva persistente: la inclusión recurrente de operaciones de crédito que no llegan a concretarse, repitiendo en el presupuesto préstamos fantasmas que en casi la mitad de los casos llevan más de tres años sin ejecutarse.

El desorden administrativo se extiende hacia los gobiernos locales y los modelos de gestión extrapresupuestaria. El órgano fiscalizador detectó que el 85.68% de los ayuntamientos y juntas distritales mantiene desactualizados o totalmente vacíos sus portales de información, incurriendo en una flagrante violación legal. Más grave aún, 63 administraciones municipales contrataron préstamos por un valor consolidado de 243.3 millones de pesos de forma irregular, omitiendo la autorización obligatoria del Ministerio de Hacienda. A esto se suma un descuadre de 9,727.6 millones de pesos entre los registros de la Fiduciaria Reservas y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), una brecha técnica que, según dictaminó la entidad auditora, "dificulta la trazabilidad y fiscalización de esos recursos".

El balance final revela el costo de no registrar ni inventariar adecuadamente el patrimonio público. Con discrepancias en activos que alcanzan los 979,837 millones de pesos debido a la falta de contabilidad institucional de sus propios bienes, el Gobierno Central cerró el ejercicio con un patrimonio neto negativo de 1.29 billones de pesos. La persistencia de estas fallas metodológicas no solo debilita la confianza en las estadísticas oficiales, sino que deja en suspenso la capacidad real del Estado para fiscalizar el destino final del dinero de los contribuyentes.