La Cámara de Cuentas destapó un descuadre financiero que asciende a RD$9,727.6 millones en el manejo de los fideicomisos públicos, tras contrastar los reportes de la Fiduciaria Reservas con el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). En su primer análisis formal sobre este instrumento de inversión estatal, el órgano fiscalizador evidenció que, durante el año 2025, el erario dominicano transfirió miles de millones de pesos hacia distintos proyectos que actualmente registran una ejecución presupuestaria casi nula.

De acuerdo con el informe de la auditoría, mientras la Fiduciaria Reservas reportó haber recibido transferencias por RD35,522.3 millones destinados asiete fideicomisos, los registros oficiales del SIGEF apenas asientan RD25,794.6 millones. “Encontramos que el año pasado se transfirieron unos 35,000 millones de pesos, pero hay una ejecución muy baja de estos recursos; el dinero está todavía disponible en la fiduciaria”, precisó Griselda Gómez, miembro del pleno de la institución. Fiduciaria Reservas declinó ofrecer declaraciones a la prensa sobre este hallazgo.

El estancamiento de los fondos estatales se evidencia en casos como el fideicomiso de Proaeropuertos y el destinado al parqueo de la Cámara de Diputados, proyectos que no exhibieron operaciones por encontrarse en fase inicial de estructuración. La parálisis operativa también alcanzó al fideicomiso de Punta Catalina, el cual cerró el pasado año sin ningún tipo de movimiento administrativo y con un remanente de apenas RD$1.2 millones. Ante esta inactividad, la Cámara de Cuentas recomendó formalizar de inmediato su cierre y liquidación definitiva.

Más allá de los montos inmovilizados, la evaluación detectó violaciones al principio de transparencia de la Ley 423-06 de Presupuesto mediante la clasificación errónea de recursos. El Ministerio de la Presidencia canalizó fondos hacia entidades como Sofratesa y Alstom Proyectos de Transporte etiquetándolos bajo la categoría presupuestaria de fideicomisos públicos, una maniobra que, según los fiscalizadores, no se corresponde con la naturaleza real de las operaciones y dificulta severamente el rastreo del dinero público en la República Dominicana.

En paralelo a los hallazgos externos, la presidenta del órgano, Emma Polanco, abordó los retos operativos de la propia institución, revelando que mantienen 1,005 auditorías en proceso y enfrentan un déficit crítico de personal técnico. “Todo el mundo quiere una auditoría de la Cámara de Cuentas (...) necesitaríamos unos 200 más para abastecer un poco la demanda que tenemos”, afirmó Polanco. Para retener el talento actual, la entidad elevó el salario base de sus más de 300 auditores a RD$86,000, una medida que estuvo rodeada de polémica por un fallido intento inicial de aumentar también los sueldos del pleno. Al ser cuestionada sobre la controversia, la funcionaria zanjó el tema asegurando que "pasó mucha agua ya por el molino y hemos decidido pasar esa página y trabajar".

Finalmente, en el ámbito de la transparencia de los servidores del Estado, el miembro del pleno Francisco Alberto Franco Soto indicó que, tras simplificar la plataforma tecnológica, se logró regularizar 1,800 expedientes de declaraciones juradas de patrimonio. Aunque la institución confirmó que no hay legisladores omisos en el Congreso Nacional en este momento, advirtió que el mayor foco de incumplimiento persiste de forma preocupante en los gobiernos locales, especialmente entre los representantes de los distritos municipales, quienes ahora se exponen a la retención legal de sus salarios por evadir los plazos establecidos.