El Poder Judicial dominicano, a través de su coordinador de comunicaciones, Javier Cabreja, manifestó este lunes su apertura al diálogo ante el anuncio de un paro de labores pacífico convocado para el próximo 21 de mayo. La protesta es impulsada por un grupo de 130 magistrados (de un total de 737 que componen el sistema) que demandan una mejora sustancial en las condiciones laborales, la indexación salarial por inflación y la reformulación del Manual de Compensaciones y Beneficios aprobado en 2022.

El conflicto surge debido a interpretaciones divergentes sobre la aplicación de dicho manual salarial. Mientras los jueces convocantes, representados por el magistrado Luis Adriano Taveras Marte, denuncian estancamiento en la movilidad de la carrera y falta de recursos humanos en los tribunales, el Consejo del Poder Judicial sostiene que las disposiciones salariales se han aplicado de manera estricta y transparente. La institución enfatizó que se han realizado esfuerzos sostenidos para dignificar la función judicial y agilizar los procesos en regiones clave como el Sur.

A pesar de que el grupo en huelga representa aproximadamente al 18 % de la judicatura, el reclamo ha ganado tracción interna, sumando el apoyo de otros 333 magistrados que, si bien no se han unido formalmente al paro, han solicitado formalmente al nuevo Consejo del Poder Judicial (seleccionado en marzo) que se ejecuten los reajustes contemplados en la resolución 01-2022. La situación plantea un reto de gestión para la nueva directiva del Consejo en un contexto de presión presupuestaria.