El Gobierno dominicano considera necesario retomar en el corto plazo el proceso de reajuste de la tarifa eléctrica como parte de una estrategia para enfrentar la situación financiera de las empresas distribuidoras de electricidad y reducir la presión que sus déficits ejercen sobre las finanzas públicas.

El planteamiento figura en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, donde se establece que la tarifa debería reflejar de manera más cercana los costos reales del servicio y permitir un desmonte progresivo del subsidio cruzado.

El documento identifica la situación financiera de Edesur, Edenorte y Edeeste como uno de los principales desafíos estructurales del sector eléctrico. Según los datos citados, entre 2014 y 2024 el Estado transfirió RD$505,629 millones para cubrir los resultados deficitarios de las tres empresas distribuidoras de propiedad pública.

La propuesta gubernamental no se limita a una eventual modificación tarifaria. El plan plantea tres líneas de acción: avanzar hacia una tarifa más alineada con los costos del servicio, reducir de manera sostenida las pérdidas de las distribuidoras y acelerar la transición energética.

El proceso de ajuste de la tarifa había sido suspendido en 2022, cuando el Gobierno decidió detener nuevas alzas en medio de un escenario internacional marcado por la inflación y el incremento de los precios de los combustibles. En ese momento, las autoridades optaron por asumir parte del costo mediante subsidios para evitar un mayor impacto sobre los consumidores.

La presión presupuestaria sigue siendo uno de los argumentos centrales para revisar el esquema. De acuerdo con registros de la Dirección General de Presupuesto citados en el informe, entre enero y el 14 de agosto de 2026 el subsidio eléctrico había devengado RD$78,800 millones, de un presupuesto vigente de RD$85,586.7 millones destinado a ese concepto.

El Gobierno advierte que, sin una corrección estructural, los déficits operacionales de las distribuidoras podrían continuar creciendo y demandar mayores recursos públicos.

El debate sobre la tarifa eléctrica vuelve así a colocarse entre los principales temas de la agenda económica nacional, en un contexto en el que cualquier eventual reajuste deberá equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema con la protección de los hogares y sectores productivos frente a un posible aumento en el costo de la energía.