Estados Unidos obtuvo un papel mayoritario en la estructura de control de un proyecto destinado a explotar unos 65,000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, como parte del nuevo acuerdo energético alcanzado entre Washington y las autoridades de Caracas.

Los detalles divulgados este martes por la Casa Blanca establecen que el proyecto será desarrollado por North American Blue Energy Partners (NABEP) y abarcará 17 campos petroleros, mediante concesiones con una duración de hasta 100 años.

Los 65,000 millones de barriles representan aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela, país que posee las mayores reservas de crudo del mundo. El volumen incluido en el acuerdo supera incluso las reservas petroleras probadas de Estados Unidos registradas al cierre de 2023.

El Gobierno estadounidense tendrá una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP, mientras que el Departamento de Estado contará con la posibilidad de adquirir hasta el 20 % del petróleo producido a precio de costo. El esquema también contempla derechos de gobernanza sobre las operaciones.

La Casa Blanca presentó el acuerdo como una herramienta para recuperar la industria petrolera venezolana, atraer capital privado y garantizar mayor seguridad energética para Estados Unidos. Washington también busca reducir la influencia que China y Rusia han mantenido durante años en el sector energético venezolano.

La inversión prevista ronda los US$100,000 millones, destinados a rehabilitar infraestructura, desarrollar los campos incluidos y aumentar la capacidad productiva de una industria que ha sufrido años de deterioro y falta de inversión.

Del lado venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha defendido el convenio como una alianza energética que permitirá recuperar la producción y generar ingresos para el Estado. Según su Gobierno, el acuerdo mantiene la soberanía venezolana sobre las reservas y permitirá obtener importantes recursos mediante impuestos y regalías.

Sin embargo, el pacto ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos en Venezuela. Parte de las críticas se concentra en la duración de las concesiones, la participación directa del Gobierno estadounidense y el procedimiento utilizado para establecer el acuerdo.

La controversia también alcanza a NABEP y a su propietario, el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Autoridades estadounidenses han defendido la evaluación realizada sobre el empresario, mientras analistas han advertido sobre los riesgos políticos y financieros del proyecto.

El acuerdo ocurre en un momento de elevada tensión en los mercados energéticos internacionales, particularmente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y los riesgos para el suministro de petróleo desde Medio Oriente.

Para Washington, el acceso preferencial al crudo venezolano representa una oportunidad para diversificar sus fuentes de abastecimiento y disminuir su exposición a las interrupciones del mercado petrolero internacional.

Para Venezuela, el desafío será convertir la inversión prometida en un aumento sostenible de la producción y en mayores ingresos públicos, mientras permanece abierta la discusión sobre el alcance de la participación estadounidense en uno de los principales recursos estratégicos del país.