La Dirección General de Migración (DGM) emitió la Resolución 001-2026, mediante la cual establece un protocolo riguroso para la renovación de los permisos de trabajo temporales (TT-1). El cambio fundamental radica en la eliminación de las declaraciones juradas como sustento laboral; a partir de ahora, toda solicitud deberá estar acompañada obligatoriamente de un contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Trabajo y la certificación de inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Esta medida, de aplicación inmediata para trámites nuevos y en curso, busca alinear la gestión migratoria con la Ley No. 285-04, reforzando la seguridad jurídica en sectores que dependen de mano de obra extranjera.

Además de la documentación contractual, los solicitantes deben presentar un pasaporte con vigencia mínima de 18 meses, póliza de garantía migratoria y certificado médico. Un punto crítico de la resolución es la responsabilidad del empleador, quien ahora asume formalmente el compromiso de coordinar con las autoridades la repatriación del trabajador al finalizar el contrato. La DGM enfatizó que estos permisos son específicos para la empresa contratante y no facultan al portador para ejercer oficios informales como el motoconchismo, servicios de taxi, mensajería o ventas ambulantes.

La institución advirtió que el incumplimiento de estas condiciones, tanto por parte del trabajador como del empleador, conllevará sanciones severas. Los trabajadores que incurran en labores no autorizadas enfrentarán la cancelación de su estatus migratorio y la deportación, mientras que las empresas que mantengan personal sin el debido contrato registrado serán objeto de multas. Con esto, el Gobierno busca depurar el sistema de permisos y garantizar que la migración laboral responda exclusivamente a necesidades económicas formales y auditables.