La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició la coordinación formal de las operaciones internacionales de asistencia y rescate en Venezuela, tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que devastó la costa central y la zona metropolitana de Caracas. Según informaron voceros del organismo multilateral, la movilización técnica se ejecuta en respuesta directa al estado de emergencia nacional y a la solicitud de apoyo externo formulada por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Las agencias humanitarias concentran sus esfuerzos prioritarios en estructurar de manera organizada la llegada de equipos de búsqueda y salvamento urbano, en un escenario donde el balance preliminar de las autoridades locales ya registra 164 fallecidos y 971 heridos.

El despliegue operativo en el terreno es liderado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que trabaja de forma conjunta con la red de Protección Civil y los ministerios venezolanos. De acuerdo con los reportes institucionales, Naciones Unidas activó sus mecanismos de respuesta rápida, incluyendo el envío de expertos en evaluación de desastres para organizar el flujo de personal médico, suministros básicos y rescatistas especializados que han comenzado a ofrecer diversas naciones. Esta intervención técnica busca evitar cuellos de botella logísticos en las zonas críticas de Caracas y del estado costero de La Guaira, este último declarado formalmente como zona de desastre debido al colapso masivo de infraestructuras residenciales y comerciales.

Las labores de socorro coordinadas por el organismo internacional enfrentan severas complejidades debido a la parálisis casi total de los servicios esenciales en la región central de Venezuela. El desastre, provocado por dos movimientos telúricos consecutivos con una diferencia de apenas 39 segundos, mantiene inoperativo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por daños estructurales graves. Asimismo, persisten cortes masivos de energía eléctrica, fallas críticas en las redes de telecomunicaciones y el bloqueo de autopistas clave por desprendimiento de asfalto y escombros. Frente a estas limitaciones, la ONU evalúa rutas logísticas alternativas para canalizar el ingreso de la ayuda humanitaria ofrecida formalmente por gobiernos como los de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Catar.

El apremio de la intervención de Naciones Unidas responde también a los alarmantes pronósticos de la comunidad científica internacional. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantiene una estricta alerta roja institucional sobre el evento sismológico, estimando mediante su sistema analítico PAGER que el saldo fatal real podría escalar significativamente hasta situarse entre 10,000 y 100,000 muertes debido a la alta densidad de población expuesta y a la falta de resistencia de las edificaciones afectadas. Adicionalmente, los especialistas advierten sobre una elevada probabilidad de réplicas de consideración durante los próximos días, lo que obliga a ejecutar las operaciones de remoción de concreto bajo rigurosos protocolos de seguridad para proteger a los brigadistas.

Para la República Dominicana, la activación del brazo humanitario de la ONU en el Caribe sur subraya la gravedad de una catástrofe que altera de inmediato las dinámicas de transporte y asistencia regional. El cierre indefinido de Maiquetía interrumpe un nodo aéreo clave para el tránsito de pasajeros y mercancías en la zona caribeña, mientras que la magnitud del colapso estructural reabre el debate local sobre la fiscalización rigurosa de los códigos de construcción sismorresistente en los centros urbanos de alta densidad del territorio dominicano. Las agencias de Naciones Unidas y los cuerpos de rescate locales mantienen el monitoreo en las estructuras colapsadas de la capital, concentrando el uso de maquinaria pesada del sector privado en los puntos donde se reportan indicios de personas atrapadas con vida.