La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba negar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales. Con esta decisión, recogida por la agencia EFE, el máximo tribunal mantiene vigente la interpretación de la Decimocuarta Enmienda que, durante más de siglo y medio, ha garantizado la nacionalidad estadounidense a casi cualquier persona nacida en su territorio.

A pesar del contundente revés judicial para la Casa Blanca, la disputa está lejos de terminar. El magistrado Brett Kavanaugh, designado por Trump en 2018, trazó en su voto particular la que podría ser la nueva hoja de ruta del Partido Republicano. El juez argumentó que, si bien la orden ejecutiva unilateral violaba la ley federal, no contravenía necesariamente la Constitución, abriendo así la puerta a una solución legislativa. Según Kavanaugh, "el Congreso podría (...) modificar (dicha ley) o promulgar nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal".

Aferrándose a este razonamiento, el mandatario estadounidense trasladó inmediatamente su ofensiva al Capitolio. A través de su red Truth Social, Trump exigió al Congreso, actualmente dominado por los republicanos, que actúe sin demoras. "El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", proclamó el presidente, asegurando que su objetivo migratorio se puede lograr sin necesidad de agotar el complejo proceso de una enmienda constitucional.

En la práctica, la maquinaria legislativa ya cuenta con proyectos en curso para cumplir con esta exigencia. Durante el actual período 2025-2026, el senador Lindsey Graham y el representante Brian Babin impulsan la "Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento de 2025", una propuesta que busca restringir la nacionalidad automática únicamente a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. A través de un comunicado, Graham afirmó estar "más decidido que nunca a poner fin a este importante factor de atracción para la inmigración ilegal y el turismo de nacimiento". Esta constante pugna en Washington mantiene en vilo a las comunidades inmigrantes, incluida la vasta diáspora dominicana, ya que una eventual reforma de esta magnitud anularía el derecho a la ciudadanía de los futuros hijos de quisqueyanos que residan en territorio estadounidense bajo estatus irregular o con visas de trabajo temporales.

Desde el frente legal, los defensores de los derechos de los inmigrantes desestiman la viabilidad de esta estrategia republicana. Jeremy McKinney, experto y asesor de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), advirtió que la sugerencia del juez Kavanaugh "no conduce a ninguna parte" porque contradice la postura mayoritaria del tribunal. McKinney recalcó que cualquier proyecto que intente redefinir este derecho mediante una legislación regular es solo una "maniobra retórica, ya que la Constitución responde ahora a la cuestión y el Congreso no puede modificarla mediante una ley ordinaria", lo que anticipa nuevos y prolongados enfrentamientos jurídicos y políticos.