El Poder Judicial de la República Dominicana arrastra un déficit acumulado de 122,339 millones de pesos durante los últimos veintidós años debido al reiterado incumplimiento de la Ley 46-98 sobre Autonomía Presupuestaria. De acuerdo con los datos financieros oficiales analizados por la institución correspondientes al período comprendido entre los años 2004 y 2026, el Estado dominicano nunca ha asignado el porcentaje equivalente al 2.66 % de los ingresos nacionales que estipula la normativa legal para sostener las operaciones de la judicatura. Esta brecha fiscal recurrente ha forzado al sector justicia a operar de manera sostenida con menos de la mitad de las partidas económicas que por derecho le corresponden, limitando de forma drástica su capacidad de expansión institucional y operativa.

Para el presente año fiscal 2026, las proyecciones técnicas revelan que el presupuesto asignado al amparo de la Ley de Presupuesto General del Estado se fijó en 10,131 millones de pesos, una partida que apenas representa el 1.02 % de los fondos públicos disponibles. Según el desglose analítico de la entidad judicial, para dar estricto cumplimiento al mandato legal de la Ley 46-98, la asignación debió situarse en los 26,450 millones de pesos. Esta disparidad genera un déficit específico de 16,319 millones de pesos solo para el ejercicio fiscal en curso, consolidando una tendencia de asignaciones insuficientes que se ha mantenido inalterable a lo largo de las sucesivas administraciones gubernamentales del país.

Las implicaciones directas de esta asfixia financiera repercuten de manera crítica en la estructura interna de los tribunales y en las condiciones laborales de los servidores públicos de la nación. El órgano de gobierno judicial ha manifestado de manera reiterada que la carencia de los montos legales impide ejecutar con celeridad la apertura de nuevas salas de audiencia indispensables para descongestionar el sistema, modernizar los sistemas tecnológicos para la digitalización de los expedientes y aplicar los programas de dignificación salarial orientados a retener al personal técnico calificado frente a las ofertas del sector corporativo privado. Históricamente, el punto de mayor vulnerabilidad se registró en el año 2024, cuando la asignación presupuestaria descendió a su nivel relativo más bajo, alcanzando apenas un 0.85 % de los ingresos fiscales de la nación.

A pesar de que el marco jurídico fue robustecido posteriormente mediante el artículo 149 de la Constitución de la República, el cual consagra de forma explícita que el Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, la subordinación económica real a las aprobaciones anuales del Congreso Nacional se mantiene intacta. En el contexto actual de la República Dominicana, caracterizado por la reciente aprobación de reformas fiscales estructurales que buscan elevar las recaudaciones estatales para sanear las cuentas públicas, la dotación presupuestaria del sector justicia permanece bajo un esquema de debate e incertidumbre legal. Corresponderá a las discusiones de las próximas adendas presupuestarias y a las decisiones del Poder Ejecutivo determinar si se iniciará un desmonte progresivo de este déficit histórico o si las salas de justicia dominicanas deberán continuar ajustando sus metas de eficiencia del Plan Estratégico Visión 2030 a las limitaciones de un presupuesto recortado.