El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, admitió su frustración porque ninguno de los diez jueces destituidos por faltas graves durante su gestión al frente del Poder Judicial ha enfrentado un proceso penal, pese a que sus expedientes disciplinarios fueron remitidos al Ministerio Público. Las declaraciones las ofreció el pasado miércoles en un encuentro con periodistas que cubren la fuente judicial en su despacho de la SCJ, en el marco de la presentación de su memoria de gestión correspondiente al período 2019-2025.

Según explicó, los juicios disciplinarios que conoce el Consejo del Poder Judicial pueden contener elementos con implicaciones penales, lo que en teoría debería activar una investigación por parte del órgano persecutor una vez se le notifican las decisiones de destitución. Sin embargo, el magistrado lamentó que, en la práctica, esas comunicaciones no siempre derivan en consecuencias judiciales. "Eso también a uno lo frustra", afirmó Molina.

De acuerdo con las estadísticas del Consejo del Poder Judicial, entre 2019 y 2025 se sancionó a 29 jueces y juezas como resultado de 28 procesos disciplinarios, de los cuales diez culminaron en destitución, la máxima sanción prevista para faltas graves. Entre los magistrados separados de sus funciones figuran Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, respectivamente, así como Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de San Juan de la Maguana. También fueron destituidos Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia; Gregorio Antonio Rivas Espaillat, de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Juan Miguel Pérez Gómez, de la Cámara Civil y Comercial de Valverde Mao. Completan la lista Robert E. Disla de León, juez de paz de Oviedo en funciones de instrucción en Pedernales; Francisco Rodríguez Consoró, del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y Modesto Amarante Peña. Entre las faltas que motivaron algunas de estas destituciones se incluyen acusaciones de haber sostenido negocios con personas vinculadas al narcotráfico.

Molina indicó que desconoce con certeza por qué el Ministerio Público no ha avanzado en esos casos, aunque especuló que probablemente no encontró pruebas suficientes en los expedientes remitidos, y evitó cuestionar directamente a los fiscales. "Uno quisiera que las cosas llegaran hasta sus últimas consecuencias con el que lo hace mal", sostuvo. Pese a las destituciones registradas, el magistrado insistió en que la conducta sancionable representa menos del 1 % del total de integrantes de la judicatura dominicana, y defendió el compromiso de la mayoría de los jueces del país.

El presidente de la SCJ aprovechó el encuentro para descartar que durante su gestión se hayan intervenido los teléfonos de jueces investigados disciplinariamente. Precisó que esa facultad corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y solo mediante una orden judicial, y que una sanción disciplinaria no habilita ese tipo de medida, aunque sí permite solicitar un registro de llamadas.

El encuentro se produjo en momentos en que Molina también ha abordado otros temas sensibles para la magistratura en los últimos días, entre ellos las críticas al reciente paro judicial de mayo y su relación con el Consejo Nacional de la Magistratura, luego de que anunciara que no aspirará a un nuevo período al frente de la Suprema Corte.