Por: Domingo Batista

La provincia de San Juan, históricamente conocida como el "Granero del Sur", se encuentra hoy en el epicentro de un debate que trasciende lo económico para tocar las fibras más sensibles de la supervivencia y la democracia. El reciente conflicto en torno al proyecto minero Romero, liderado por la empresa canadiense GoldQuest, ha puesto sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Quién decide el futuro de un territorio? ¿Los indicadores de inversión extranjera o la gente que respira y cultiva su tierra?

El pasado domingo, las calles de San Juan de la Maguana hablaron con una claridad ensordecedora. Miles de ciudadanos marcharon desde el Arco del Triunfo hasta la Presa de Sabaneta bajo una consigna que es ya un mandato popular: "El agua es un tesoro que vale más que el oro". Esta no fue una manifestación vacía; fue el grito de una comunidad que entiende que las 30,000 hectáreas de cultivo que sustentan la región dependen directamente de la salud de la Cordillera Central.

Escuchar es un acto de justicia

Ante el clamor popular y la tensión vivida durante las protestas donde incluso hubo incidentes con bombas lacrimógenas y chorros de agua el presidente Luis Abinader tomó una decisión que, aunque valiente, no ha estado exenta de críticas: la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto.

El mandatario fue tajante al señalar que su gobierno "escucha con atención" y que, según la Ley 64-00 de Medio Ambiente, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esta envergadura, este simplemente no es viable. Es un precedente vital. No se trata solo de un cálculo político, sino de reconocer que la licencia social es el permiso más importante que cualquier empresa puede obtener, y GoldQuest claramente no la tiene.

El fantasma de la desconfianza: El caso Falcondo

Para quienes critican la paralización desde la comodidad de una oficina en la capital, es necesario recordar por qué el pueblo de San Juan desconfía. La historia ambiental dominicana está manchada por promesas de "minería responsable" que terminaron en desastres tangibles.

El ejemplo más reciente y crudo es el de Falcondo. La minera Falconbridge Dominicana fue multada con RD$7.6 millones tras comprobarse que su oleoducto contaminó con fuel oil el barrio Valle Encantado en Quitasueño, Haina. Con antecedentes donde una avería puede arruinar el agua y la salud de toda una comunidad, ¿cómo pedirles a los sanjuaneros que apuesten su futuro a un estudio de impacto ambiental?

¿Seguridad jurídica o seguridad humana?

Desde la Cámara Minera y Petrolera (Camipe), la reacción ha sido de alarma. Advierten sobre "riesgos institucionales" y una posible pérdida de confianza de los inversores. Alegan que las decisiones deben ser puramente técnicas y basadas en el debido proceso.

Sin embargo, hay que ser claros: la seguridad jurídica no puede estar por encima de la seguridad hídrica y alimentaria. Si bien el yacimiento tiene un valor estimado de US$5,000 millones, ese dinero no puede recomponer un acuífero contaminado o un ecosistema destruido. La verdadera "seguridad" que el Estado debe garantizar es la de la vida de sus ciudadanos.

El pueblo tiene la última palabra

El proyecto Romero nació hace décadas, con concesiones que se remontan al 2005. Pero el San Juan de 2026 ha madurado y ha decidido que su modelo de desarrollo no pasa por la extracción, sino por la preservación.

La ciencia tiene su lugar, y los estudios técnicos son necesarios. Pero en una democracia, cuando un pueblo se declara dispuesto a "atrincherarse" para proteger su agua, la técnica debe ceder ante la voluntad soberana. El presidente Abinader ha hecho lo correcto al detener la maquinaria. En la balanza entre el brillo del oro y la pureza del agua, San Juan ya eligió. Y esa elección, por el bien de las futuras generaciones, debe ser respetada.