La inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano, pautada para inicios de agosto, ha desatado una intensa carrera legislativa para modificar sus artículos antes de su aplicación formal. Hasta el momento, la Cámara de Diputados ha recibido alrededor de 20 propuestas de enmienda provenientes de legisladores, el Poder Ejecutivo, gremios periodísticos y organizaciones de la sociedad civil. La gran mayoría de estas iniciativas coinciden de manera crítica en la necesidad de reformar o eliminar las disposiciones referidas a los delitos de difamación, injuria y ultraje, bajo el argumento de que la redacción aprobada originalmente lesiona de manera directa la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la República Dominicana. El plazo para la recepción formal de estas iniciativas de cambio en la Cámara Baja concluye este miércoles a las 6:00 de la tarde, antes de que una comisión bicameral asuma el análisis definitivo de las propuestas.

Cámara de Diputados de la República Dominicana.

La propuesta de mayor peso político dentro del Congreso fue depositada por el Poder Ejecutivo a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien planteó una modificación estructural a 19 artículos del texto sustantivo. Respecto al delito de ultraje, contenido en el artículo 310 del nuevo código, De los Santos propone limitar su persecución penal exclusivamente a los casos cometidos contra jueces o fiscales, excluyendo de esta protección especial a los funcionarios del Gobierno. Asimismo, la iniciativa presidencial busca reducir el límite de la pena por difamación que actualmente contempla un castigo de hasta cinco años de prisión a un máximo de dos años de cárcel, eliminando además el agravante punitivo establecido cuando la supuesta difamación se realice utilizando redes sociales o plataformas digitales.

En sintonía con esta corriente de reforma, los voceros de las principales bancadas partidarias en la Cámara de Diputados unificaron criterios para someter una propuesta legislativa conjunta. El proyecto de los diputados sugiere disminuir drásticamente la condena de difamación a un año de prisión y, de forma trascendental, plantea despenalizar por completo este hecho cuando se refiera a asuntos de interés público o al ejercicio de funciones estatales, siempre que las afirmaciones cuenten con el debido sustento probatorio. Sobre el ultraje, los legisladores proponen mantener el texto sancionador pero añadiendo un párrafo explícito que indique que no habrá configuración del delito cuando la acción provenga de una crítica, denuncia, opinión, sátira o cualquier otra manifestación legítima al amparo de la libertad de expresión.

A esta ofensiva legislativa se sumaron sectores gremiales y de la sociedad civil organizada. La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) depositó un borrador que aboga por circunscribir el ultraje estrictamente al ámbito jurisdiccional y establecer mecanismos para precisar la responsabilidad penal de las empresas en la difusión de informaciones falsas. Paralelamente, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) dirigió una misiva formal a la Cámara de Diputados en la que exhortó a los congresistas a modificar el articulado sobre el ultraje debido a su marcada "ambigüedad", exigiendo blindar la actividad informativa para evitar que se afecte el ejercicio del periodismo de investigación en el territorio nacional.

Aunque la salvaguarda de la libre expresión domina la agenda de reformas, la comisión bicameral también deberá ponderar otras enmiendas de hondo calado social y político presentadas por diversos juristas y congresistas. Entre ellas destaca la moción del senador independiente Antonio Taveras, quien busca modificar el artículo 13 de la norma para que los partidos políticos puedan ser declarados penalmente responsables de delitos. Por otro lado, un colectivo de juristas liderado por las abogadas Mary Fernández y Fabiola Medina planteó la despenalización de la interrupción del embarazo bajo tres causales específicas, mientras que las abogadas Katia Jiménez y Vanahi Bello sometieron modificaciones orientadas a tipificar y castigar rigurosamente la violencia vicaria. El destino de estos planteamientos se definirá en las próximas horas en el seno del Congreso Nacional.