El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la ley número 36-26, que modifica el régimen de contribuciones por residuos sólidos e incrementa significativamente la carga financiera sobre el sector privado, obligando incluso a las empresas sin rentabilidad a realizar aportes anuales. La promulgación de la iniciativa aprobada previamente bajo un trámite de urgencia legislativa fue oficializada mediante una comunicación remitida al Senado de la República por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, en la que se confirma su inmediata entrada en vigor. Esta nueva legislación sustituye la normativa de residuos sólidos establecida en diciembre de 2025 y redefine por completo las tarifas anuales obligatorias que asumen los sectores productivos nacionales.

La reforma reestructura los tramos de contribución de acuerdo con los ingresos brutos de las empresas, penalizando de forma más severa a los extremos del tejido empresarial dominicano. En el segmento de las micro y pequeñas empresas, el primer tramo de aportación fue ampliado de manera sustancial: anteriormente, la tarifa de 3,000 pesos aplicaba únicamente a negocios con ingresos de hasta un millón de pesos; con la nueva ley, todas las compañías que registren ingresos brutos anuales desde cero hasta cinco millones de pesos deberán pagar 5,000 pesos anuales, gravando de manera forzosa a firmas que operen sin utilidades o con pérdidas declaradas. En el otro extremo, el impacto financiero recae con fuerza sobre los grandes contribuyentes con ingresos superiores a los 100 millones de pesos, para quienes se elimina la tarifa única de 675,000 pesos y se impone una escala progresiva que oscila desde los 400,000 hasta un tope de 2.2 millones de pesos anuales. En las categorías intermedias se aplicaron movimientos mixtos, como el incremento de 20,000 a 25,000 pesos para el rango de 10 a 25 millones de pesos, y disminuciones en los escalones de 25 a 50 millones (que baja de 155,000 a 90,000 pesos) y de 50 a 80 millones (que pasa a tributar 120,000 pesos).

Este reajuste arancelario ha generado un fuerte rechazo en el empresariado del país, cuyos principales líderes cuestionaron la celeridad del Congreso Nacional y el encarecimiento inmediato de las operaciones comerciales. Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), calificó la disposición como "difícil de comprender en el contexto actual", argumentando que suma una presión injustificada sobre las empresas y los consumidores en medio de recientes retenciones y ajustes tributarios. Asimismo, Marranzini apuntó a la opacidad del proceso, la ausencia de consultas técnicas y la falta de transparencia con el fideicomiso DO Sostenible, entidad gubernamental que recibirá y administrará estos fondos. Por su parte, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), enfatizó que "las reformas con impacto sobre la competitividad, la sostenibilidad y el clima de inversión deben discutirse con mayor tiempo y mediante procesos participativos sustentados en evidencia".

El proyecto de ley, originalmente presentado en la cámara alta por el senador Antonio Marte, se convirtió en ley tras un trámite exprés de apenas cinco días, siendo sancionado de urgencia en dos lecturas consecutivas por ambas cámaras del Congreso sin pasar por vistas públicas ni evaluaciones detalladas en comisiones. Entidades de gran peso sectorial como la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) ya han reclamado una mesa de diálogo y una revisión técnica profunda antes de que la aplicación de los cobros genere distorsiones insostenibles en los costos de operación. Con las tarifas ya vigentes a nivel nacional, la principal interrogante del sector productivo radica ahora en cómo se fiscalizará la distribución de estos nuevos recursos millonarios y si el fideicomiso administrador logrará justificar los montos cobrados frente a un empresariado que asume este nuevo costo fiscal de manera imprevista.