El controvertido proyecto de ley de "medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional" inicia formalmente su recorrido legislativo esta semana, impulsado por una holgada mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que le garantiza al Poder Ejecutivo los votos necesarios para su eventual promulgación en la República Dominicana. Para agilizar el escrutinio de las nuevas medidas tributarias, el Senado de la República conformó de inmediato una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores que unificará los criterios de ambas cámaras y evitará el estancamiento del debate.

Antes de someter la pieza al análisis técnico de la comisión a partir de este martes, el bloque oficialista pautó un encuentro estratégico inicial con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Según los legisladores involucrados, el objetivo es profundizar en el alcance económico de un texto que aborda figuras sensibles de la recaudación estatal como el cobro de anticipos, la indexación salarial y las deducciones por gastos educativos. Tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como el vocero de los senadores perremeístas, Moisés Ayala, han blindado públicamente la iniciativa; de los Santos afirmó que las condiciones en el Congreso "son favorables" para el gobierno, mientras que Ayala garantizó que la estructura del plan no perjudicará a las clases más desposeídas.

Sin embargo, el optimismo oficial contrasta con las reservas y exigencias que ya afloran en el sector empresarial. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) valoró el esfuerzo estatal, pero exigió que cualquier ajuste impositivo venga acompañado de una mayor eficiencia en el gasto público y en el manejo de los subsidios gubernamentales, apuntando a resolver las verdaderas presiones estructurales del país. En una línea más crítica, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) objetó de manera puntual la imposición de un cargo adicional de 10 dólares a los boletos de avión. La entidad aeronáutica advirtió que, si bien reconocen la urgencia de preservar la estabilidad macroeconómica internacional, encarecer el transporte aéreo representa un riesgo directo para la competitividad, la conectividad y el flujo turístico nacional. Por su parte, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) admitió que ciertas medidas estimularían la inversión privada, aunque recordando enfáticamente que "toda propuesta es susceptible de mejora".

La irrupción de este paquete fiscal recarga significativamente la agenda del Congreso Nacional, que en la actualidad delibera sobre otras dos normativas de alto impacto para el diseño institucional y económico dominicano. Por un lado, los congresistas evalúan la reforma laboral, la cual acumula más de un año y medio de cabildeos e incorpora más de 50 enmiendas previas a su inminente segunda discusión; por el otro, avanza el proyecto de transformación de la Policía Nacional, estancado bajo estudio durante siete meses. Frente a este denso panorama, la conformación de la mesa bicameral y la abrumadora superioridad numérica del partido de gobierno serán los factores determinantes para convertir en ley la nueva estructura tributaria, limitando la capacidad de bloqueo de la oposición y dejando el texto final sujeto de forma exclusiva a los consensos internos que logre el oficialismo en los próximos días.