La Facultad de Humanidades y Derecho de la Universidad APEC (Unapec) y la Defensoría del Pueblo desarrollarán este lunes 27 de julio, a las 6:00 de la tarde, el conversatorio "Perspectiva de la Implementación del Nuevo Código Penal", un espacio de discusión académica y judicial que llega apenas una semana antes de que la nueva normativa penal entre en vigor en el país, el próximo 3 de agosto.

El panel, coordinado por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se realizará en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de Unapec y será moderado por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de esa universidad y coordinador del Código Penal Comentado que publica la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). Entre los participantes convocados figuran el abogado litigante Miguel Valerio, la magistrada Mirna Ortiz, directora de Persecución del Ministerio Público, la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, y los profesores de Derecho Penal Harold Modesto y Ricardo Rojas León. El objetivo declarado del encuentro es analizar los principales retos, alcances y desafíos que plantea la aplicación del nuevo código, desde la visión académica, judicial y del Ministerio Público.

El debate llega en un momento particularmente sensible del proceso. La Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, había sido aprobada originalmente en 2025, pero en las últimas semanas el Congreso Nacional introdujo modificaciones adicionales: la Cámara de Diputados cambió 40 artículos del texto y, el pasado 22 de julio, el Senado aprobó esas reformas en dos lecturas consecutivas y con carácter de urgencia, con 25 votos a favor y tres en contra estos últimos de legisladores de la Fuerza del Pueblo. El proyecto quedó así en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga tal cual o lo devuelve al Congreso con observaciones antes de la fecha límite del 3 de agosto.

Entre las novedades que incorpora la reforma destacan la tipificación de delitos que antes no existían en el ordenamiento penal dominicano, como el feminicidio, el sicariato y los delitos cibernéticos, además de la posibilidad de acumular penas hasta 60 años en casos de crímenes graves y reiterados. Las empresas y personas jurídicas, por su parte, dispondrán de un plazo adicional hasta noviembre para adecuar sus políticas internas a las nuevas cláusulas de responsabilidad penal empresarial.

No todos los sectores han recibido la reforma sin reparos. Distintas voces, incluidas manifestaciones ciudadanas registradas semanas atrás, han cuestionado artículos que consideran una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la crítica, al punto de que el proyecto ha sido apodado por sus detractores como "Ley Mordaza". El senador por San Juan, Félix Bautista, llegó a solicitar que 84 artículos del texto no entraran en vigor en la fecha prevista, una petición que finalmente no fue acogida por la Cámara Alta.

Con la normativa ya en manos del Poder Ejecutivo y el plazo de entrada en vigor cada vez más cercano, encuentros como el de Unapec buscan anticipar los vacíos prácticos que enfrentarán jueces, fiscales y abogados litigantes desde el mismo 3 de agosto.