El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina, afirmó que, si bien el reclamo salarial de los jueces y servidores judiciales durante el paro de mayo pasado era legítimo, algunos sectores aprovecharon la protesta con fines políticos. El magistrado hizo las declaraciones durante un encuentro con periodistas de la fuente de justicia en su despacho, según informó Diario Libre.

Molina, hijo de un fundador de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) fallecido en 2018, dijo conocer a fondo la dinámica de las huelgas por su origen familiar. "Nadie sabe más aquí de huelga que yo", declaró, y agregó que puede identificar "quién organiza, quién tiene poder... quién patrocina" y cuándo una protesta responde a una intencionalidad política, aunque no precisó a qué sectores se refería.

El paro, convocado el 21 de mayo por asociaciones de jueces y servidores judiciales, paralizó de forma casi total los tribunales del país en demanda de indexación salarial, mejores condiciones laborales y el cese de lo que los huelguistas calificaron como gastos superfluos del CPJ. La protesta escaló cuando el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió formalmente al presidente Luis Abinader convocar con carácter prioritario al Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar y renovar la matrícula de la Suprema Corte, un planteamiento que introdujo un matiz político directo al conflicto gremial.

Según Molina, el CPJ ya negociaba con el Poder Ejecutivo la habilitación de fondos antes de que se hicieran públicos los reclamos, pero factores externos, entre ellos crisis internacionales, retrasaron la entrega de los recursos. El magistrado sostuvo que optó por gestionar el conflicto de manera institucional, en reuniones directas con Abinader y con el ministro de Hacienda, Magín Díaz, en lugar de presionar a través de los medios de comunicación. "Es popular para los jueces y servidores que un presidente lo haga, pero yo no vine a ser popular", afirmó, en referencia a la exigencia pública de mayor presupuesto.

Esas gestiones, que se extendieron por meses, derivaron en agosto en la aprobación por parte del CPJ de una indexación salarial acumulada del 30 % para jueces y servidores judiciales, aplicada en dos tramos: un 20 % desde julio de 2026 y el 10 % restante en enero de 2027. Molina destacó además que el Poder Judicial fue la única institución del Estado que recibió una partida extraordinaria de RD$1,200 millones destinada exclusivamente a esa indexación salarial.

El magistrado cerró sus declaraciones con un balance de su gestión del conflicto: "Al que no le guste quemarse, que no se meta a la cocina", dijo, y sostuvo que las condiciones de vida de los servidores judiciales han mejorado sustancialmente como resultado de la vía institucional que eligió frente a las protestas.