La cifra de víctimas fatales a causa del devastador doble terremoto que sacudió la costa central de Venezuela aumentó a 235 personas fallecidas, de acuerdo con el más reciente balance oficial ofrecido la noche de este jueves por la presidenta interina de esa nación, Delcy Rodríguez. El violento fenómeno sísmico, que registró movimientos sucesivos de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de Richter con un intervalo de apenas 39 segundos, ha dejado además un saldo preliminar de 1,142 personas heridas y decenas de ciudadanos desaparecidos. Ante el agravamiento de la crisis estructural y sanitaria, el gobierno venezolano mantiene el decreto de estado de emergencia nacional, concentrando las operaciones de salvamento en el área metropolitana de Caracas y de manera prioritaria en el estado costero de La Guaira, demarcación que fue declarada formalmente como zona de desastre debido al colapso masivo de edificaciones residenciales y comerciales.

Los cuerpos de socorro locales, reforzados por brigadas civiles y militares, operan en una carrera contra el tiempo utilizando maquinaria pesada facilitada por el sector privado para remover bloques de concreto y estructuras colapsadas. Las labores de rescate se ejecutan bajo condiciones extremas y bajo estrictos protocolos de seguridad debido a las advertencias del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo científico que mantiene una rigurosa alerta roja institucional ante la alta probabilidad de que ocurran réplicas secundarias de gran consideración que pongan en peligro la estabilidad del terreno. El sistema analítico PAGER del USGS sostiene una proyección catastrófica para la región, estimando que el saldo mortal real podría escalar hasta situarse entre 10,000 y 100,000 muertes debido a la elevada densidad poblacional expuesta en el litoral central y a las deficiencias estructurales de la infraestructura habitacional de la zona.

La parálisis casi total de los servicios esenciales agudiza la crisis humanitaria en las zonas afectadas, donde se reportan apagones generalizados, averías críticas en las redes de telecomunicaciones fijas y móviles, y el bloqueo de las principales autopistas por desprendimiento de asfalto. Asimismo, el tráfico aéreo internacional con el país sudamericano permanece suspendido por tiempo indefinido tras el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuyas terminales sufrieron daños estructurales severos. Esta situación obligó a las principales aerolíneas europeas y latinoamericanas a cancelar sus rutas hacia Caracas. Para mitigar el desabastecimiento médico y logístico, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) asumió la gestión internacional de la emergencia, coordinando el envío de misiones de asistencia técnica y cargamentos de ayuda ofrecidos de manera oficial por los gobiernos de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Catar.

Para la República Dominicana, el impacto de esta catástrofe se manifiesta de forma directa en el plano consular y aeroportuario. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) mantiene activos sus protocolos de emergencia en Caracas tras confirmarse la desaparición de al menos dos ciudadanos dominicanos en los cuadrantes de mayor colapso. Paralelamente, la inoperatividad de Maiquetía altera los flujos de transporte en el Caribe sur, lo que podría presionar las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en Santo Domingo al servir como puente de tránsito y escala técnica para la redistribución de pasajeros. La tragedia reabre de forma obligatoria el debate técnico en territorio dominicano sobre la urgencia de fiscalizar rigurosamente la aplicación de los códigos de construcción sismorresistente en cascos urbanos de alta densidad para prevenir desastres de igual magnitud.