Por: Alejandro Santos

La economía dominicana atraviesa desde el año pasado un período de desaceleración que, sumado a las turbulencias globales, obliga a actuar con mayor prudencia. En este contexto, conviene ser cautos frente al aumento de la presión tributaria. Si bien la meta declarada es reducir la evasión, los métodos empleados terminan imponiendo exigencias adicionales a las actividades productivas y, en último término, repercuten sobre el conjunto de la población.

Los conflictos en el Medio Oriente están teniendo repercusiones negativas sobre la economía global, y República Dominicana no escapa a ese impacto, particularmente por el alza en los precios del petróleo. Como es bien sabido, el encarecimiento de los combustibles tiene un efecto transversal que eleva los costos de producción y los precios de los servicios en todo el país.

La coincidencia de desaceleración económica y tensión global configura un escenario particular que debe tomarse en cuenta antes de imponer una mayor presión sobre los sectores productivos.

Los últimos gobiernos han apostado por la modernización de la administración fiscal y, en particular, por la facturación electrónica. La Ley 32-23 y su reglamento 587-24 obligan a emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) y establecen que, a partir del 31 de diciembre de 2025, los grandes contribuyentes solo puedan utilizar facturas digitales.

Para el 15 de mayo de 2026, la obligación se extiende a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a profesionales liberales. Esta transición contribuye a transparentar las operaciones y a optimizar el cruce de información, pero también genera incertidumbre en un tejido empresarial donde predominan los negocios pequeños. La adecuación tecnológica, la inversión en sistemas y la eliminación de prácticas informales implican una carga adicional que se traduce en mayores costos y en una presión fiscal indirecta.

La propia DGII advierte que quienes no adopten el e-CF se exponen a las sanciones previstas por la ley, que van desde multas hasta la clausura de establecimientos. Esa amenaza, que recae principalmente sobre el sector de micro, medianas y pequeñas empresas, unida a la pretensión de resolver en días cambios postergados durante años, genera malestar en unos sectores que se ven obligados a adaptarse rápidamente a normas complejas.

El gobierno dominicano se ha comprometido a elevar la recaudación sin subir impuestos ni aprobar una reforma fiscal, y la DGII está desempeñando el rol de ejecutor de esa estrategia. El objetivo es aumentar los ingresos para financiar servicios públicos y acercar la recaudación dominicana al promedio latinoamericano, pero el riesgo es que un enfoque excesivamente coercitivo agrave la fragilidad de la economía real.

Si la recaudación se convierte en un fin en sí mismo y se impone sin considerar la capacidad de los agentes económicos, el remedio puede ser peor que la enfermedad. El gobierno debe tener presente que la presión tributaria tiene un límite: más allá de él, ahoga la inversión, fomenta la informalidad y erosiona la legitimidad del sistema.