La República Dominicana enfrenta una profunda crisis de seguridad vial y control institucional debido al crecimiento descontrolado del parque de motocicletas, el cual aumentó un 82.5% en la última década hasta alcanzar casi 3.3 millones de unidades. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), este sector se encuentra inmerso en un grave subregistro legal ante la DGII y está involucrado en más del 75% de los accidentes de tránsito en el país, consolidando al territorio nacional en los primeros lugares globales de mortalidad por siniestralidad vial. El reciente estallido de violencia urbana en Santiago, donde una multitud de motoristas cercó a un ciudadano, evidenció el estado de anomia social y el repliegue de la autoridad fiscalizadora en las calles frente al comportamiento de turba.

El fenómeno se originó a finales del siglo XX como una respuesta del mercado informal ante el déficit crónico y desarticulado del transporte público colectivo en las periferias urbanas. Actualmente, el motoconchismo y el auge de la economía de plataformas digitales (delivery) actúan como un potente imán socioeconómico debido a que un operador promedio percibe ingresos mensuales superiores a los RD$55,000. Esta rentabilidad resulta altamente competitiva frente a un perfil sociodemográfico donde el 83% de los conductores posee únicamente educación primaria o inferior, desplazando mano de obra de sectores formales hacia una actividad caracterizada por la precarización laboral y un alto riesgo de salud pública que desangra el presupuesto de los hospitales traumatológicos.

Expertos y analistas coinciden en que las soluciones viables superan el enfoque estrictamente policial e implican reformas estructurales: integrar a los conductores al régimen contributivo-subsidiado de la Seguridad Social, exigir cursos obligatorios de educación vial y civilidad, eliminar el subregistro de placas y acelerar la transición hacia sistemas de transporte masivo de pasajeros. Sin embargo, el principal obstáculo para aplicar un régimen de consecuencias efectivo ha sido históricamente el cálculo electoral de los sucesivos gobiernos, los cuales han evitado asumir el costo político de regular a un sector que representa una masa votante de millones de personas y un músculo de movilización social formidable.