La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes un alarmante incremento en los patrones de hostigamiento, campañas de deslegitimación y trabas burocráticas dirigidas contra periodistas y medios de comunicación independientes en Ecuador. El organismo internacional manifestó su honda preocupación ante el uso de discursos estigmatizantes emitidos por altos funcionarios gubernamentales, el inicio de auditorías sin justificación técnica transparente y los intentos de imponer mecanismos de censura previa que lesionan los fundamentos de la libertad de expresión. La organización con sede en Miami urgió a las autoridades ecuatorianas a adoptar garantías reales de protección para frenar la normalización de la violencia tanto en el plano físico como en el espacio digital.

Entre las principales alertas documentadas por la entidad hemisférica resalta el impacto de discursos emitidos desde el propio aparato del Estado que categorizan a los medios críticos como elementos desestabilizadores o contrarios al interés común. A esta retórica oficialista se suma una sofisticada red de acoso digital, amplificada en plataformas sociales por cuentas alineadas al Gobierno, que difunden datos personales de comunicadores y promueven narrativas de odio. Asimismo, la SIP criticó de manera contundente las directrices restrictivas implementadas por las Fuerzas Armadas locales para la acreditación y cobertura de los medios, un filtro que, de acuerdo con los criterios normativos internacionales, "equivale a censura previa, una práctica expresamente prohibida en una sociedad democrática".

El ecosistema de medios en el país suramericano enfrenta además una creciente presión a través del uso instrumentalizado de instituciones fiscales y de control administrativo. El organismo documentó cómo el Servicio de Rentas Internas (SRI) inició procesos de fiscalización dirigidos de forma selectiva hacia distribuidores y empresas editoriales de prensa independiente. Los directivos de los medios afectados han rechazado públicamente estas acciones al calificarlas como intimidaciones que carecen de sustento probatorio y que pretenden minar la sostenibilidad financiera de proyectos periodísticos dedicados a fiscalizar el poder. De igual forma, la persecución judicial y las demandas penales infundadas siguen actuando como un freno sistemático para los profesionales dedicados al periodismo de investigación.

Para la República Dominicana, la coyuntura observada en Ecuador sirve como un espejo de advertencia sobre la fragilidad de las libertades públicas cuando los debates institucionales migran hacia la estigmatización y el ahogo administrativo. Las prácticas de intimidación mediante auditorías y la restricción regulatoria militar evidencian que las amenazas modernas a la prensa no provienen únicamente de la violencia física, sino de mecanismos formales del Estado. En este contexto, la SIP concluyó su informe con una exhortación formal al Poder Ejecutivo y a las instituciones judiciales de Ecuador para que dejen sin efecto las normativas de exclusión de prensa, investiguen los ataques de origen cibernético y desistan del uso de recursos públicos para descalificar la labor informativa, la cual se mantiene en un estado de extrema vulnerabilidad.