El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, anunció que la institución ejecuta un plan conjunto con el sector motociclista y la Dirección General de Aduanas para impedir la importación y comercialización de cascos protectores que no estén debidamente homologados. Esta medida busca aplicar formalmente los criterios de seguridad vial contemplados en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual arrastra casi una década de rezago en su implementación estricta respecto a los componentes de protección certificados.

Para garantizar la efectividad del bloqueo en los puntos de entrada al país, el Intrant inició la capacitación técnica del personal aduanero y de los agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes tendrán a su cargo la identificación de equipos falsificados en los puertos y la posterior fiscalización en las vías públicas. Asimismo, Morrison desmintió las versiones que circulaban sobre la supuesta obligatoriedad de adquirir cascos con un valor de ocho mil pesos, aclarando que existen opciones certificadas en el mercado local por menos de dos mil pesos. El plan integral abarca además mesas de diálogo para la regularización de las paradas de motoconcho, la emisión de licencias de operación y el uso de chalecos identificados para aportar a la seguridad ciudadana.