El Senado tiene nuevamente sobre la mesa la posibilidad de eliminar las exoneraciones de vehículos que reciben los legisladores dominicanos, un beneficio que durante años ha sido objeto de cuestionamientos y que varias iniciativas han intentado modificar sin éxito.

El senador Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo, depositó al inicio de la nueva legislatura un proyecto de ley que propone eliminar el actual mecanismo de importación de vehículos libres de impuestos y sustituirlo por la asignación de un automóvil oficial a cada congresista.

La propuesta establece que el Estado, a través de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, entregaría un vehículo a cada legislador al comenzar el período constitucional para facilitar el cumplimiento de sus funciones de representación.

A diferencia del sistema vigente, el automóvil no sería propiedad privada del congresista. Formaría parte del esquema institucional de las cámaras legislativas y las condiciones para su asignación y utilización serían establecidas mediante resoluciones del Senado y la Cámara de Diputados.

El proyecto también contempla derogar las principales disposiciones legales que sustentan las exoneraciones, entre ellas la Ley 50 de 1966 y sus modificaciones, incluida la Ley 57-96, que establece el régimen actualmente utilizado por los legisladores.

Bautista sostiene que las exoneraciones forman parte de un conjunto más amplio de beneficios otorgados a diferentes instituciones y funcionarios públicos que deberían ser revisados. Al mismo tiempo, argumenta que los congresistas necesitan mecanismos de movilidad para mantener contacto con las comunidades que representan.

La propuesta llega después de varios intentos que no consiguieron convertirse en ley. El senador Alexis Victoria Yeb, del Partido Revolucionario Moderno, había presentado una iniciativa que mantenía la importación de dos vehículos, pero establecía un límite de US$150,000 y ampliaba a cuatro años el período para transferirlos. El proyecto terminó perimiendo.

En la Cámara de Diputados también se han planteado alternativas. El diputado Pedro Martínez, de Alianza País, propuso eliminar las exoneraciones y entregar vehículos utilitarios propiedad del Estado, mientras que el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, planteó otorgar a cada legislador hasta US$120,000 para adquirir hasta dos vehículos.

Ninguna de esas iniciativas logró avanzar en las comisiones correspondientes, según la revisión realizada por Diario Libre. La nueva propuesta enfrenta, por tanto, el mismo desafío institucional: conseguir que una reforma que afecta directamente a los beneficios de los propios legisladores avance dentro del Congreso.

El proyecto de Bautista establece además que, si es aprobado, comenzaría a aplicarse el 16 de agosto de 2028, coincidiendo con el inicio de un nuevo período constitucional. De esta manera, el régimen actual permanecería vigente durante el mandato de los congresistas actuales.

La dimensión económica del beneficio también mantiene el debate abierto. De acuerdo con datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, entre 2020 y julio de 2026 fueron importados 499 vehículos a nombre de senadores y diputados bajo el régimen de exoneración.

Más de 170 de esas unidades correspondieron a vehículos de lujo o deportivos de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce. Las exoneraciones aplicadas a esas importaciones representaron aproximadamente RD$2,140 millones que el Estado dejó de recaudar en impuestos, según los datos citados por Diario Libre.

La legislación vigente permite actualmente a cada legislador importar dos vehículos exonerados durante el período constitucional. La discusión que vuelve al Senado plantea cambiar ese modelo por uno en el que el vehículo sea un recurso institucional destinado exclusivamente al ejercicio de las funciones públicas.

El desenlace dependerá ahora de si el Congreso consigue superar el historial de iniciativas que han quedado estancadas. La discusión no solo pondrá a prueba la voluntad legislativa de modificar un beneficio propio, sino también la capacidad del Poder Legislativo para revisar privilegios establecidos hace décadas y adaptarlos a criterios actuales de austeridad, transparencia y uso de recursos públicos.