Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazaron el segundo recurso de casación presentado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana contra Inteligencia Legal, SRL, con lo que quedó cerrado un litigio judicial iniciado en 2021.

La decisión está contenida en la sentencia SCJ-SR-26-00319, mediante la cual la alta corte confirmó la decisión de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había desestimado la pretensión de la Cámara de Cuentas de dejar sin efecto el acto que aprobó la contratación de la firma jurídica.

El conflicto se originó cuando la Cámara de Cuentas intentó anular, mediante una acción de lesividad, un acto administrativo que la propia institución había emitido para contratar los servicios profesionales de Inteligencia Legal.

Las Salas Reunidas consideraron que, cuando una institución pública procura afectar un acto administrativo favorable, debe actuar con especial rigor en materia de seguridad jurídica, confianza legítima y debido proceso.

Según la sentencia, la Cámara de Cuentas no estableció de forma suficientemente concreta cuáles eran las razones que hacían contrario al derecho el acto cuestionado ni explicó de qué manera este habría lesionado el interés público.

Para la Suprema Corte, esa falta de motivación tuvo consecuencias sobre el derecho de defensa de Inteligencia Legal, ya que la firma no contó con una explicación suficientemente precisa que le permitiera controvertir las razones invocadas por la institución fiscalizadora.

La alta corte también descartó los argumentos relacionados con una supuesta desnaturalización de los hechos, omisión de pruebas o errores jurídicos cometidos por el tribunal de envío. En consecuencia, concluyó que el TSA aplicó correctamente la legislación.

El origen del caso se remonta al 25 de marzo de 2021, cuando la Cámara de Cuentas aprobó contratar a Inteligencia Legal por RD$4.5 millones más impuestos para representarla en distintas actuaciones relacionadas con el Ministerio Público.

Entre los servicios contemplados figuraban la respuesta a un recurso de oposición presentado por el Ministerio Público, una solicitud de nulidad de un allanamiento y de la orden judicial que lo autorizó, además de otras acciones legales y constitucionales que fueran consideradas pertinentes.

La misma decisión autorizó también la contratación del abogado Francisco Franco Soto por RD$1.5 millones más impuestos, para representar a la Cámara de Cuentas en una acción de inconstitucionalidad relacionada con un conflicto de competencia frente al Ministerio Público y una jueza de instrucción especial designada por la Suprema Corte.

El proceso llegó por segunda ocasión a casación después de que la Cuarta Sala del TSA, actuando como tribunal de envío, rechazara en diciembre de 2024 la pretensión de la Cámara de Cuentas. Esa decisión fue posteriormente recurrida nuevamente ante la SCJ.

Para Julio Cury, socio fundador de Inteligencia Legal, el fallo trasciende la controversia contractual y reafirma que las instituciones públicas no pueden desconocer derechos previamente reconocidos sin demostrar de manera seria y verificable las razones jurídicas que justificarían esa actuación.

El abogado calificó la decisión como una victoria para el debido proceso y sostuvo que la Administración también está sometida al derecho cuando pretende revisar sus propias decisiones.

El fallo adquiere relevancia institucional porque fija límites a la capacidad de los organismos públicos para modificar o impugnar sus propios actos administrativos. La decisión recuerda que la potestad de revisión no puede ejercerse al margen de garantías como la seguridad jurídica, la confianza legítima y el derecho de defensa.

Con el rechazo del segundo recurso de casación, la controversia judicial iniciada hace cinco años queda definitivamente concluida en favor de la decisión que mantuvo vigente el acto administrativo que autorizó la contratación de Inteligencia Legal.