El Senado de la República Dominicana, a través de su comisión de educación, se encuentra evaluando un proyecto de ley destinado a prohibir de manera definitiva que las universidades condicionen la entrega, expedición o legalización de títulos académicos al pago de ceremonias de graduación o de cualquier otro gasto protocolar. La iniciativa legislativa busca modificar la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estableciendo que la asistencia a los actos de investidura debe tener un carácter "estrictamente voluntario". Con esta medida, ningún estudiante de grado, posgrado o nivel técnico superior podrá ser privado de recibir el diploma que certifica la culminación de sus estudios por el simple hecho de decidir no participar en las celebraciones o no poder asumir los altos costos económicos que estas conllevan.

El proyecto, introducido en la Cámara Alta por el senador Rafael Barón Duluc, representante de la provincia La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), plantea una separación radical en la estructura de cobros de las academias. De ser promulgada la pieza, las instituciones de educación superior quedarán inhabilitadas para exigir pagos obligatorios en conceptos como alquiler de togas, medallas, fotografías oficiales, transmisiones de eventos y celebraciones, utilizándolos como un requisito ineludible para liberar los documentos oficiales. Según se expone en las motivaciones del documento legislativo, la práctica de integrar estos cobros a la factura final ha generado históricamente "cargas económicas significativas para los estudiantes y sus familias", afectando injustamente a quienes ya han saldado todos los créditos y compromisos formales de su pensum.

Para el sistema educativo dominicano, esta propuesta representa una reestructuración de los derechos estudiantiles en la etapa de egreso, marcando una clara línea divisoria entre el mérito académico y el aspecto ceremonial. El autor del proyecto argumenta que el derecho a obtener la titulación universitaria nace exactamente en el momento en que el alumno completa los requisitos académicos y administrativos formales dictados por su programa de estudios. Por lo tanto, este derecho no puede quedar subordinado a actividades que no fungen como exigencias académicas para obtener el grado. La ley reconoce el valor cultural y tradicional de los actos de graduación para enaltecer el esfuerzo público de los egresados, pero enfatiza que los gastos de organización únicamente podrán ser requeridos a aquellos profesionales que, por "una decisión exclusiva del estudiante", decidan asistir a la ceremonia.

A fin de garantizar el cumplimiento de este nuevo marco normativo, el proyecto de ley le otorga facultades sancionadoras directas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Esta institución estatal será la encargada de fiscalizar a las universidades y sancionar a aquellas que retengan títulos o certificaciones finales a los alumnos que opten por la vía puramente administrativa. Si la iniciativa prospera, los estudiantes seguirán en la obligación de costear los gastos administrativos legítimos propios del proceso de impresión, expedición y legalización del cartón y récord de notas, pero bajo ninguna circunstancia se verán forzados a subsidiar el aparataje logístico de los eventos protocolares.