La Contraloría General de la República mantiene archivados los resultados de numerosas auditorías realizadas durante los últimos cuatro años y sostiene que no está legalmente obligada a publicarlos directamente, una posición que abre un nuevo debate sobre el alcance de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La institución respondió a solicitudes de información presentadas por Diario Libre indicando que los informes deben esperar a ser oficializados a través del Poder Ejecutivo antes de hacerse públicos. El contralor Geraldo Espinosa Pérez fundamentó esta posición en las disposiciones de la Ley 10-07, que regula el Sistema Nacional de Control Interno.

De acuerdo con la explicación ofrecida por el funcionario, la legislación establece que la Contraloría debe emitir los informes derivados de sus evaluaciones, inspecciones y auditorías y remitirlos al Poder Ejecutivo y a las instituciones correspondientes, pero no establece que la publicación de esos documentos sea una condición para concluir el proceso de auditoría.

La posición representa un cambio respecto al discurso adoptado por el Gobierno al inicio de la administración del presidente Luis Abinader. En 2020 se ordenó realizar auditorías a las instituciones públicas correspondientes a la gestión anterior y posteriormente se dispusieron procesos similares sobre funcionarios de la nueva administración, bajo un compromiso de divulgar los resultados.

Sin embargo, la publicación de los informes no alcanzó el volumen esperado y, según los datos citados por Diario Libre, el ritmo de divulgación se redujo considerablemente a partir de 2023. Actualmente figuran 38 auditorías en el portal de la Contraloría, de las cuales solo tres corresponden a 2026. En contraste, la institución realizó 390 auditorías entre 2023 y 2025.

La situación adquiere mayor relevancia porque una parte de esos procesos fue realizada con recursos públicos e incluso mediante la contratación de firmas privadas. Esto significa que la ciudadanía financió trabajos destinados a examinar el manejo de fondos estatales, pero en numerosos casos no puede consultar sus resultados.

El argumento de la Contraloría choca con el alcance general de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esa legislación establece que los organismos estatales deben proporcionar documentos creados, obtenidos o que se encuentren bajo su posesión y control. Además, reconoce como información pública la documentación financiera relacionada con el presupuesto estatal.

La propia Ley 200-04, no obstante, contempla excepciones. Entre ellas se encuentran los borradores o proyectos que todavía no constituyan documentos definitivos, una distinción que resulta relevante para determinar si una auditoría permanece en una etapa preliminar o si ya puede ser considerada un documento terminado.

El debate también alcanza a la Cámara de Cuentas, que durante los últimos años ha enfrentado dificultades para publicar oportunamente determinados informes de fiscalización. La coexistencia de ambas situaciones reduce las fuentes disponibles para que ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil conozcan cómo se administran los fondos públicos.

La discusión no se limita a determinar si una institución tiene o no la obligación formal de publicar sus auditorías. También plantea una cuestión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la reserva de información cuando los documentos examinados se refieren al uso de recursos del Estado?

Mientras la Contraloría defiende su interpretación de la Ley 10-07, la legislación de acceso a la información establece como principio que los documentos bajo control de la Administración Pública deben estar disponibles, salvo que exista una excepción legal aplicable.

El resultado es una zona de tensión entre control interno, confidencialidad administrativa y rendición de cuentas, en momentos en que el propio Gobierno continúa presentando la fiscalización y la transparencia como elementos centrales de su gestión.