La democracia dominicana atraviesa un momento crítico donde la retórica de la austeridad parece pesar más que el cumplimiento estricto de la ley. Bajo el argumento de una crisis económica global, alimentada por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz y el consecuente encarecimiento del petróleo, el Gobierno de Luis Abinader ha planteado un recorte sustancial a los fondos de los partidos políticos para el año 2026.

Esta medida, presentada como un sacrificio necesario para enfrentar un déficit de 40,000 millones de pesos, ha encendido las alarmas de 24 organizaciones políticas y de la propia Junta Central Electoral (JCE), que ven en este movimiento un zarpazo directo a la institucionalidad y a la seguridad jurídica de la nación.

El nudo del conflicto radica en la violación sistemática de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, que establece de forma clara que en años no electorales el Estado debe asignar el 0.25% de los ingresos nacionales a las agrupaciones políticas. Sin embargo, la realidad presupuestaria muestra un panorama muy distinto: para 2026 ya se había consignado apenas un 0.12%, y la nueva intención del Ejecutivo es reducir esa cifra a la mitad, lo que dejaría a los partidos con apenas una cuarta parte de lo que legalmente les corresponde.

Esta "reincidencia" en el recorte no es solo un ajuste contable, sino un precedente peligroso que permite al Ejecutivo ignorar leyes vigentes mediante la Ley de Presupuesto, debilitando el equilibrio de poderes.Resulta paradójico que el Gobierno predique austeridad mientras el gasto en publicidad y propaganda estatal se mantiene en niveles cuestionables. Según datos presentados por la oposición, los 1,620 millones de pesos destinados originalmente a los partidos para 2026 representan apenas el 15% de lo que el Gobierno proyecta gastar en publicidad oficial.

Una reducción mínima del 8% en la pauta publicitaria del Estado bastaría para cubrir el monto que se pretende arrebatar a las organizaciones políticas. Esto sugiere que el ajuste no busca eficiencia fiscal, sino silenciar las voces críticas y limitar la capacidad operativa de quienes deben ejercer el contrapeso democrático. El impacto político de esta medida es profundo y amenaza con viciar de origen el proceso electoral de 2028. Al asfixiar económicamente a los partidos de oposición, el partido oficialista se garantiza una ventaja competitiva desproporcionada, utilizando las estructuras estatales y la nómina pública que ha crecido significativamente en el último año para movilizar apoyo político.

La JCE ha advertido que esta falta de equidad vulnera los principios de libertad y transparencia en el uso del financiamiento, elementos que son la columna vertebral de cualquier sistema político que se pretenda llamar democrático.

Quizás el peligro más latente y corrosivo de este recorte sea el incentivo involuntario a la corrupción y la penetración de capitales ilícitos en la política. Cuando el financiamiento público se debilita, los partidos quedan a merced de sectores privados o, peor aún, de "sectores oscuros" como el narcotráfico, que ven en la debilidad financiera de los políticos una oportunidad para comprar voluntades.

Permitir que el capital privado secuestre las decisiones de Estado pone en riesgo no solo la transparencia de los procesos electorales, sino la soberanía misma del Gobierno frente a quienes financian las campañas para luego cobrar favores en la toma de decisiones públicas. En definitiva, la defensa del financiamiento partidario no debe verse como un privilegio corporativo, sino como una protección del equilibrio democrático y la paz social.

Como bien ha señalado la JCE, la Constitución obliga al Estado a garantizar la estabilidad del sistema de partidos y la equidad en la contienda. Un sistema de partidos debilitado es la antesala del autoritarismo; por tanto, el respeto a la ley y la asignación justa de los fondos no son opcionales, sino una inversión necesaria para que la República Dominicana siga siendo un Estado de Derecho sólido y previsible.